¿Racismo en la guerra contra el narco?

La historia de la guerra contra las drogas como un dispositivo extendido del sistema racista ha sido estudiada en varias regiones del mundo. En Estados Unidos la investigación de su impacto por medio de la lente étnico-racial ha sido una constante. Desde la investigación periodística en torno a su uso activo como herramienta política del ejecutivo estadounidense contra movimientos sociales, hasta el estudio de los efectos diferenciados de la persecución del consumo en poblaciones racializadas y empobrecidas en el Nuevo Jim Crow.

En Estados Unidos la política prohibicionista y la guerra contra las drogas siguen una lógica racista. No obstante, al ver los estudios realizados al sur del Río Bravo sobre la variante local de la guerra contra las drogas –la guerra contra el narco–, la perspectiva étnico-racial brilla por su ausencia.

Una lectura superficial de la situación podría argüir que la ausencia del cruce entre ambos fenómenos es natural, que el debate en torno al racismo mexicano y la discusión sobre la violencia estatal, resultado de la ambición prohibicionista, están aislados. Sin embargo, al seguir el paso de la naturaleza discreta de nuestro racismo, me permito argumentar que esta lectura superficial no satisface las necesidades de la realidad. 

Como lo plantea nuestro propio sistema racista, para encontrar las desigualdades hay que mirar a fondo y en este texto propongo resaltar, por medio de la comparación de los análisis antirracistas de la guerra contra las drogas, posibles caminos a seguir para conocer el cruce entre la lógica racista mexicana y nuestra propia historia de narco-guerra.

El racismo en México y la guerra contra las drogas

A diferencia del racismo estadounidense que es exclusionista, el racismo mexicano incluye, borra la diversidad y homologa todo. Lo que pareciera positivo, acaba por normalizar las desigualdades. Al forzar a todos en la categoría de “mestizx” ignora las diferencias de trato y de resultado por elementos como el tono de piel, mientras que al incentivar una sola identidad deplora lo indígena y borra lo africano.

Al mismo tiempo que formaba la ideología del mestizaje, el Estado mexicano gestaba su propia narrativa prohibicionista. Al inicio del momento posrevolucionario, la marihuana fue una de las primeras sustancias psicoactivas en ser prohibidas bajo la ley de “Disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneren la raza”. Como argumenta Isaac Campos en Home Grown, para la narrativa mediática y estatal, si se consumía cannabis era porque se compartía los valores con ciertos grupos: los hombres, indígenas y delincuentes. Su consumo se racializó como antesala de su persecución; la idea del uso que provocaba degeneración racial fue esencial para la justificación de la prohibición que se desarrollaría posteriormente en el país de forma autónoma.

En México, la lógica racial-eugenésica estatal y el origen de la prohibición de las drogas son, en gran medida, inseparables. Luego entonces, ¿por qué el estudio de la guerra contra las drogas carece de perspectiva étnico-racial? Y en todo caso, ¿por dónde empezar?

¿Qué es lo que sabemos y qué deberíamos saber?

Mientras que el racismo estadounidense busca la segregación en categorías, el mexicano sobrevive gracias a la homologación, aunque sea sólo discursiva. Esto trae dificultades para el estudio del racismo mexicano que no se encuentran en el estadounidense. En Estados Unidos, por ejemplo, la idea de raza (como categoría paraguas) se incorpora de base a todo cuestionario de impacto y evaluación de política. En Estados Unidos es difícil encontrar información que no se pueda desagregar por razas, lo que sea que entiendan por ello, lo que es positivo aún si los datos no se construyen bien. Caso contrario es el mexicano, donde la información étnico-racial brilla por su ausencia en casi todas las áreas, basta con dar cuenta que hasta el censo 2020 no se consideraba a la población afrodescendiente.

Como resultado de la lógica racista mexicana que privilegia la idea de lo mestizo, las categorías étnicas –como europeo-hispano o afrodescendiente– y las categorías de racialidad –como blanco o moreno– se pierden; pero como resultado del mismo sistema, las desigualdades de trato y de ingreso se sostienen. Los estudios que han logrado generar datos sobre desigualdad étnico-racial, como los realizados en el COLMEX, lo hacen de la mano de encuestas y experimentos que incorporan a la fuerza las categorías a la discusión. No obstante, al momento de querer trabajar con datos estatales, cualquier investigación se frena automáticamente; poca información estatal se puede desagregar por categorías étnico-raciales, como tono de piel o autoadscripción.

El marco de análisis tradicional estadounidense sobre el impacto racista de la guerra contra las drogas se ancla en dos pilares: la sobrecriminalización y la subprotección. El primero argumenta que los grupos raciales son criminalizados diferenciadamente como resultado del sistema de justicia, aun cuando tienen una cantidad proporcionalmente similar de consumidores y distribuidores de drogas. El ejemplo prototípico de sobrecriminalización es la disparidad de sentencias entre grupos por el consumo de sustancias similares, como lo es la cocaína en polvo y el crack. El consumo de la primera fue asociado a poblaciones blancas y criminalizado levemente, mientras que el consumo de la segunda fue asociada a poblaciones racializadas y criminalizado con sentencias que promediaron una gravedad cien veces mayor.

El segundo pilar sostiene que la creciente presencia de fuerzas estatales en las comunidades racializadas empeoró las condiciones de vida de sus habitantes. El exceso de castigos en comunidades acaba exacerbando un ciclo de pobreza que cataliza vulnerabilidades. La excesiva presencia estatal punitiva en comunidades racializadas se tradujo en su subprotección en razón de su racialización.

Ambos pilares podrían ofrecer caminos nuevos de investigación para el caso mexicano; sin embargo un área de oportunidad que expone los alcances y límites actuales es el sobre-encarcelamiento como resultado de la sobrecriminalización.

En el Censo Nacional del Sistema Penitenciario de 2023 se ofrece un único dato sobre la distribución étnica del total de la población carcelaria: en 2022 tan solo 3.3% era indígena vs. 20% de la población nacional. Esta población, prioritaria en la Ley de Amnistía, pareciera sub-encarcelada. Lo que primero aparentaría ser contraintuitivo al argumento del texto demuestra perfectamente los problemas de la aproximación estatal.

En principio, no se declara la naturaleza del dato. No se sabe si son hablantes de lenguas indígenas, autoadscritos o leídos por la autoridad; sospecho es el último. En segundo lugar, no se profundiza más allá de esa categoría: no se sabe la presencia de otras categorías ni la naturaleza del crimen del que son acusados. ¿Cuántas personas eran afrodescendientes? ¿Cuántas de esas están ahí por crímenes contra la salud? Cualquier diagnóstico que se pretenda realizar solo con la información estatal disponible estará incompleto en tanto esta no tiene perspectiva étnico-racial.

Dada la naturaleza específica del racismo mexicano, resulta impráctico querer trazar 1:1 los marcos de referencia estadounidenses a nuestra realidad. Sin embargo, dada la implementación, así como los efectos paralelos que ha habido en otros momentos de la historia, resulta cándido igualmente pretender que los resultados diferenciados propios de un sistema racista como el mexicano no existen. Como hemos aprendido en la conversación reciente del racismo mexicano, para encontrar las desigualdades hay que voltear al fondo, sin embargo, el primer paso como siempre, es abrir los ojos.

José Ángel Bazán Sánchez