¿Quién sostiene cuando todo se cae? 

El huracán Erick azotó la Costa Chica con tal fuerza que arrasó techos, calles, plantíos, enseres… Pero también dejó al descubierto algo que muchas personas ya sabíamos: que cuando ocurre un desastre, no es el Estado quien sostiene, sino la gente.

Quienes han salido a organizar, cargar, repartir, gestionar y acompañar en medio del caos no son –en su mayoría– funcionarios ni instituciones, sino activistas, artistas, influencers locales, líderes comunitarios y personas con voluntad de ayudar. Son quienes conocen el territorio, quienes tienen raíces aquí, quienes no llegan con discursos ni protocolos, sino con agua, arroz, frijoles, enlatados, palabras de consuelo y disposición real.

Mientras tanto, los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— brillan por su ausencia o por su desdén. Y cuando aparecen, no lo hacen para resolver, sino para complicar. Porque hacer que una persona mayor, una madre o alguien con discapacidad se forme durante horas bajo el sol para recibir una despensa básica, es otra forma de violencia. Entregar dos láminas para sustituir techos enteros es una burla que sólo quienes nunca han vivido la precariedad pueden justificar.

En mi caso, he recurrido a la red de apoyo que he construido a lo largo de los años: amistades, colegas, compañeras y compañeros que han confiado en mí para hacer llegar ayuda de manera directa, sin filtros institucionales, sin clientelismo, sin exigir nada a cambio. Sé que esto no resuelve el problema de fondo, pero sí acompaña. Sí aligera la espera. Y sobre todo, devuelve algo que el Estado extravió: la confianza.

Sin embargo, no todo lo que ocurre a nivel local ha sido solidario. También he presenciado cómo algunos funcionarios y funcionarias municipales reparten la ayuda con una actitud de desconfianza y superioridad, como si entregar una despensa fuera un favor personal. He escuchado preguntas incómodas, juicios velados y hasta miradas que sugieren que la persona afectada está mintiendo.

Y si hablamos del Censo, la situación es aún más indignante. Quienes lo aplican, en su mayoría trabajadores federales, no solo carecen de capacitación técnica, sino también de empatía. Se ha denunciado que hay quienes exigen que se les invite algo de comer o una “coca” para asegurarte de que te anoten correctamente. Es decir, que el acceso al apoyo —ya de por sí limitado— depende de si pudiste ofrecerles algo. Eso también es violencia. Eso también es corrupción, aunque la pinten de “costumbre”.

A eso hay que sumar otra práctica vergonzosa: si al momento de formarte para recibir una despensa llevas puesta una playera de algún partido político distinto al hegemónico en la región, te sacan de la fila. No importa si perdiste tu casa, si no tienes qué comer o si llevas esperando todo el día. La asistencia se condiciona, se partidiza, se convierte en moneda de lealtad política. ¿Cómo puede llamarse “ayuda” lo que se distribuye como botín?

Y aunque el Ejército ha activado el plan DN-III, en la práctica la población no está recibiendo su apoyo para limpiar calles, levantar árboles caídos o remover escombros. La imagen de soldados que ayudan a la comunidad se queda en las cámaras. En realidad, la gente contrata a trabajadores con motosierra por más de mil pesos al día para cortar los árboles caídos, limpiar accesos o intentar rescatar lo poco que quedó. Quienes no pueden pagar, simplemente esperan o se arriesgan a hacerlo ellos mismos. Es decir, la carga económica de la limpieza también recae sobre quienes ya lo perdieron todo.

Otro síntoma del abandono es la forma en que muchos servidores públicos han usado las redes sociales: en lugar de exigir con fuerza que el gobierno federal y estatal emitan la declaratoria de desastre para los municipios afectados —lo cual permitiría liberar recursos reales para la reconstrucción—, se han dedicado a grabar videos emotivos pidiéndole a la población que “done, done y done”.

Es decir, el aparato gubernamental, con toda su estructura, presupuesto y responsabilidades, se ha limitado a ser un gestor emocional que traslada la responsabilidad a la ciudadanía. Como si el pueblo, además de aguantar el golpe, tuviera también que cargar con el Estado. Eso también es un síntoma del racismo estructural: pensar que las comunidades negras pueden seguir resistiendo sin necesidad de protección real; pensar que pueden vivir en la desgracia con dignidad, sin derechos, pero con aplausos por su “resiliencia”.

Y mientras tanto, se siguen diciendo frases huecas como “lo material se recupera”. Como si quienes lo dicen supieran lo que cuesta, en esta región, conseguir una cama, un refrigerador, una televisión. Como si entendieran que detrás de cada objeto perdido hay años de trabajos informales, salarios raquíticos, jornadas extensas y maltratos en sus espacios de trabajo.

Pero hay algo que duele incluso más que lo material: la pérdida de los recuerdos. Se están perdiendo fotos, cartas, documentos importantes, objetos heredados, regalos con carga emocional. Cosas que no se compran ni se reponen. Cosas que no aparecen en los censos, pero que son parte del alma de una casa. El viento y el agua se han llevado historias enteras. Y nadie habla de eso. De cómo se llora lo que no tiene valor económico pero sí simbólico. De cómo se vive el duelo por lo que ya no se podrá contar ni mostrar.

La Costa Chica no sólo ha sido golpeada por un huracán; ha sido golpeada por décadas de abandono institucional, por la precariedad sistemática y por un modelo de ayuda que, en lugar de empoderar a las comunidades, las somete a dinámicas paternalistas.

Y pese a todo, la gente resiste. Se organiza, comparte, se ayuda. He visto familias que, aún perdiendo lo suyo, cocinan para otras, prestan herramientas, ofrecen techo a vecinas. He visto también cómo se activa una memoria de solidaridad que no viene del Estado, sino del tejido comunitario, del saber ancestral de cuidarnos entre nosotros y nosotras.

Creo firmemente que ayudar no debería ser un acto heróico. Debería ser parte del compromiso estructural de un país con su gente. Que cuidar no debería recaer solamente en quienes ya lo dan todo: en las mujeres que organizan las cocinas comunitarias, en los jóvenes que cargan víveres sin descanso, en los migrantes que desde lejos mandan lo poco que tienen.

Este texto no es sólo una queja. Es una denuncia desde la dignidad. Es una invitación a mirar lo que muchas veces se quiere tapar con comunicados oficiales o spots de radio. Es un llamado a no romantizar la resiliencia de las comunidades, sino a exigir justicia estructural. A que la presencia del Estado no sea sólo en tiempos de votaciones o inauguraciones, sino en los momentos donde más se le necesita.

Mientras tanto, quienes creemos en el cuidado colectivo seguiremos sosteniendo. Porque entendimos hace tiempo que si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie.

Hugo Arellanes Antonio